NEGLIGENCIAS MEDICAS

LA FACULTAD DE CONCILIACION

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD Y FACULTAD CONCILIATORIA DEL JUEZ DE PAZ EN MATERIA PENAL CESAR EDMUNDO MANRIQUE ZEGARRA - PERU 1.- Como bien sabemos el Código Procesal promulgado en abril de 1991, que no ha entrado aún en plena vigencia, ha incorporado entre sus prescripciones el denominado en la doctrina "Principio de Oportunidad"; su adopción concede flexibilidad al proceso penal y morigera los criterios sustentados en el "principio de legalidad" según el cual la aplicación de la ley penal y la sanción al delincuente son el objeto y fin del proceso penal (*).Es, en palabras de Maier, el Principio de Oportunidad, expresa: "la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político criminales" (1).La inclusión del "principio de oportunidad" en el nuevo Código Procesal Penal significa un cambio sustancial en la política criminal: El interés que motiva la conducta del Estado frente al delito no sólo está en la aplicación de la ley penal y la punición del delincuente, se orienta ahora en miras de alcanzar la mejor manera de lograr el control de la criminalidad, de evitar la punición indebida, y de encontrar medios alternativos para obtener el resarcimiento del agraviado por el ilícito penal.Así pues el Artículo 2o del Código Procesal Penal, en determinados casos y bajo condiciones determinadas, concede al Ministerio Público la facultad discrecional de abstenerse del ejercicio de la acción penal o procurar su fenecimiento una vez incoada; adicionalmente le autoriza para procurar acuerdos con el inculpado; y así también la facultad de propiciar la conciliación entre el agraviado y el inculpado.Bajo esos mismos supuestos la norma legal mencionada, autoriza al órgano jurisdiccional a abstenerse del juzgamiento y aplicación de la pena, y a disponer el sobreseimiento del proceso; cuando así lo solicite el Ministerio Público.Pero hay que precisar que no se trata de una facultad discrecional que libremente puedan ejercer el Ministerio Público y el Organo Jurisdiccional, sino de una posibilidad de hacerlo dentro de los supuestos y condiciones determinados en la norma: Es una discrecionalidad parcial o condicionada.Cabe anotar asimismo que son dos los efectos que se derivan de la aplicación de este "principio" en el orden procesal: a) Se evita la intervención del órgano jurisdiccional, liberando a los tribunales de una innecesaria carga procesal; b) o se inhibe éste de la aplicación de la pena frente a conductas delictivas de escasa lesividad social o de mínima culpabilidad, que no afectan sensiblemente el interés público. 2.- El Código Procesal Penal ha acogido legislativamente una posición, que implica profundo cambio en la política criminal del Estado, y en los criterios que sustentan su pretensión punitiva en la administración de la justicia penal.Este cambio de criterio está inspirado en las conclusiones elaboradas por la doctrina extranjera sobre el particular, admitidas como válidas y acogidas en la legislación de diversos países.Este principio está institucionalizado en el derecho anglosajón desde hace mucho tiempo. Indica Sánchez Velarde, que en la legislación europea, "el uso de criterios de oportunidad es uno de los caminos recomendados por el Consejo de Ministros de Europa en el ámbito procesal penal" (2) ... y que, "El impulso a la instauración del principio de oportunidad obedece a la recomendación No R(87) 18 del Comité de Ministros de Estado miembros sobre la simplificación de la justicia penal" (3).El "principio de oportunidad" responde a la necesidad de encontrar un remedio ante la inoperancia de los criterios meramente punitivos de la justicia penal. "En el trasfondo de los argumentos dados a su favor están dos aspectos graves que caracterizan la crisis de la justicia penal: la congestión procesal y la congestión penitenciaria" (4).A esta consecuencia condujo la creencia en un derecho penal sostenido en la obligatoriedad de la persecución penal consagrada por el denominado "principio de legalidad" acogido en el Código de Procedimientos Penales. Principio según el cual el objeto del proceso penal está orientado a hacer efectiva una justicia punitiva, es decir la sanción del delincuente.Para la doctrina desde hace mucho tiempo está en tela de juicio, la justificación de un derecho punitivo y utilidad de la pena; ahora es un tema sometido al buen criterio y discrecionalidad del Fiscal y del Juez, aunque solamente ante algunas situaciones. 3.- En lo que respeta a la Justicia de Paz no letrada, resulta beneficioso el cambio de criterio que trae consigo la adopción del "principio de oportunidad" en la política criminal del Estado, y la modificación de los conceptos del legislador en cuanto al objeto y fines que persigue el ejercicio de la acción penal, y el proceso penal mismo.Si recordamos, el Código de Procedimientos Penales en extinción, no autorizaba al Juez Penal, el abstenerse de la aplicación de la Ley Penal o procurar la "conciliación" entre inculpado y agraviado, fuera de los delitos perseguibles por acción privada (difamación, injuria, calumnia y algunos delitos contra la libertad sexual). Tampoco los Jueces de Paz estaban facultados para abstenerse de la aplicación de la pena o a "conciliar" en el trámite de los procesos por faltas.Sin embargo, en el lapso de la vigencia del código --y antes y después de ella--, en una práctica secular, los Jueces de Paz concluían la mayoría de los procesos por faltas sometidos a su conocimiento mediante "conciliaciones"; siguiendo una costumbre contraria a lo establecido en el ordenamiento legal y aún hasta punible.Prueba de ello es que en 1986 los Jueces de Paz conocían aproximadamente el 20% de los procesos penales instaurados en el territorio nacional... "La cantidad de expedientes remitidos para sentencia al Juez Instructor era casi nula" (5): Significa esto que los procesos concluían en la etapa investigatoria gracias a la mediación del Juez de Paz Lego.La "Conciliación" del Juez de Paz en materia Penal, de haber sido una costumbre "contra legem", punible, gracias al adelanto de la doctrina y de nuestra capacidad de recepción del derecho extranjero, alcanzará la calidad de costumbre "praeter legem", es decir formará parte de aquellas que completan lo omitido en la legislación.Es satisfactorio saber que la "Conciliación" del Juez de Paz, --que no gozaba de reconocimiento legislativo, no tenía partida de nacimiento, ni apellido--, ya los tiene: Podemos ubicarla como una de las maneras como se expresa en la práctica el "principio de oportunidad". Pertenece al reino jurídico; al orden penal; a la clase de los actos procesales; a la especie de las decisiones que ponen fin al proceso. No es una conducta extra o anti jurídica: es el género de una especie; una clase de la clase de los actos de jurisdicción. 4.- Es sorprendente constatar como es que el "principio de oportunidad" que llega hasta nosotros vía la recepción de la doctrina extranjera, y siguiendo modelos normativos de esos ordenamientos; goza actualmente y ha gozado por mucho tiempo de gran vitalidad en la Administración de Justicia de Paz; sus ricos antecedentes están en el derecho consuetudinario que los Jueces de Paz conservan. Allí también están, indudablemente sus mejores justificaciones en cuanto concierne a una adecuada política criminal en el país, y deberíamos pensar que seguramente el examen de esa experiencia podría ser útil para encontrar la mejor manera de introducir esos criterios en nuestro proceso penal ordinario.El reconocimiento legislativo del "principio de oportunidad", es pues satisfactorio tanto por la justificación que le concede la doctrina moderna, como porque importa la incorporación de los criterios del derecho consuetudinario nacional en el cuerpo de la legislación; lo cual asegura a la norma fructífera vigencia.La adecuación normativa de este "principio", es decir la determinación de las situaciones y circunstancias que aconsejan su adopción en cada caso, o tipo de casos, sin embargo requerirá de una atención constante.Una prueba de la necesidad de una mejor integración normativa de este criterio, está en la omisión de la norma legal respecto a como los Jueces de Paz deben hacer uso del "Principio de Oportunidad": El Código Procesal, si bien es cierto concede al agraviado la facultad de desistirse y transigir en los procesos por faltas, con lo cual concluye el procedimiento (Artículo 391o C.P.C.), no contiene referencia alguna a la "Conciliación" en materia de Justicia de Paz, la cual requeriría expresa autorización legal. NOTAS(*) Es conveniente precisar que la expresión "principio de legalidad" admite varias lecturas.Si lo ubicamos en el ámbito constitucional es el principio que sanciona la obligatoriedad de la ley y el libre albedrío de los asociados, en virtud de lo cual "nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohibe". El principio de legalidad respecto a lo que es el derecho penal sustantivo podría graficarse en lo que son las garantías de la ley penal: No hay delito sin pena, no hay pena sin ley, no hay juicio sin juez.En el aspecto procesal penal el principio de legalidad se manifiesta en la obligación del órgano jurisdiccional de aplicar la ley penal al delincuente. Nos referimos nosotros aquí a este último, el "principio de legalidad en materia procesal penal".

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INTERES JURÍDICO DE INGENIERIA LEGAL

SAN CARLOS POR EL TITULO DE ESTA REVISTA LOCALIZADA EN GUAYMAS SONORA PARA INVESTIGACION JURÍDICA

EN ALTRUISMO , CONCILIACION Y HASTA

LITIGIOS EN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

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Ni siquiera se ha definido si pertenecen a la Federación, al municipio o al estado
“Va para largo”, el conflicto de los accesos a playa en Acapulco: Protur

El director de Protur, Alfonso Guillén Quevedo, afirmó que “va para largo” resolver por la vía jurídica el conflicto por los accesos de playa en el puerto de Acapulco porque no se ha definido si pertenecen a la Federación, al gobierno estatal, o al municipal “hay una falta de observación para el establecimiento legal de los accesos a playa”.

Entrevistado luego de su fallida comparecencia en el Congreso local, agregó que “ahora que los diputados perciben que los accesos no son debidamente atendidos, profundizan un poco más que el resto de la ciudadanía y detectan que hay irregularidades en su constitución, pero si nadie las contraviene no salen a la luz pública”.
Reconoció que se busca darle un orden legal y técnico para buscar un recurso que permita hacer una inversión importante para contar con accesos tipo con una fisonomía con cierta uniformidad, con una placa relativa a un lugar o evento de Acapulco que no existe en ningún otro lugar del país.
Consideró que el otorgamiento del uso, como el de Punta Diamante, se dio hace 11 años “la mejor manera por falta de recursos para realizar los accesos a playa quizá fue que concesionar una porción de terreno colindante con los accesos permitiría que la empresa construyera los accesos que el municipio no podía construir”.
El titular de Protur mencionó que sólo uno de los 70 accesos se encuentra legalmente constituido “hay 69 que son de uso y de costumbre, aunque ninguno de ellos ha sido controvertido ni por el propietario, ni por ninguna autoridad porque la ciudadanía los usa libremente”.
Consideró que la multiplicidad de concurrencias “provocó que ninguna instancia asuma la responsabilidad, y por eso el convenio que se propone podría ir en ese sentido, si va a corresponder a la Federación pues que lo haga, pero se tienen que delimitar las competencias de cada uno, en este caso del gobierno federal, estatal o municipal, para saber qué le toca hacer a cada uno”.
Por su parte Manuel Malváez, Secretario de Desarrollo Urbano del ayuntamiento capitalino, destacó que es alarmante la invasión de los accesos tomando en cuenta que Acapulco vive del turismo “ si no tenemos condiciones de acceso que sirvan de infraestructura para el turismo a las playas, y si no hay solución puede empeorar, como es el caso de Revolcadero”.
Descartó la posibilidad de desalojo de los accesos a la playa; “nosotros no sancionamos, corresponde a otras instancias hacerlo; llega uno a un restaurante y no extraña que está sobre la vía pública, pero no está constituido como tal, por ejemplo para la Secretaría de Desarrollo Urbano, la colonia Bonfil no existe, debido a que no tenemos planos legalmente integrados, y todo eso redunda en el vacío de autoridad”.
Entre tanto el delegado de la Semarnat, Roberto Velasco, manifestó que la situación de los accesos de playa se presenta prácticamente en todo el litoral del Pacífico mexicano “ya dijimos que de los 92 kilómetros de costa que tiene Acapulco, la mayoría son acantilados, pensamos que se tiene que convocar a los tres niveles de gobierno, y la población usuaria de la zona federal”.
“Es el modelo de uso de la zona costera el que ha derivado en la situación actual, por eso se tiene que cambiar el modelo de uso, para que la sustentabilidad del área sea mayor tiempo y se cuente con mayores condiciones” agregó.
Dijo que Semarnat genera el programa maestro para el ordenamiento de la zona federal marítimo terrestre de Acapulco, que tiene siete componentes, entre ellos el Sistema de Información Geográfica que va a establecer cuántos ocupantes hay, cuánto ocupan y qué usos se tienen.
También se tienen los componentes de Infraestructura; el de Saneamiento Integral; el de Descentralización de la zona federal a favor del ayuntamiento y del estado; el del Programa de Reordenamiento Ecológico Territorial; el de Reordenamiento de Playas, y el de Fortalecimiento institucional

LA OLVIDADA ÉTICA PRÁCTICA EN BENEFICIO DE SOLUCIONES RÁPIDAS DE CONTROVERSIAS

INGENIERIA LEGAL SAN CARLOS SOCIEDAD CIVIL & PROYECTISTAS LEGALES NACIONALES

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Criterio general.

1. Responsabilidad del abogado de laborar por que toda persona tenga representación legal adecuada - Servicios legales a personas indigentes.
2. --Calidad de los servicios legales.
3. --Educación al público sobre sus derechos.
4. Responsabilidad del abogado de laborar por el mejoramiento del sistema legal.
5. Conducta como defensor o fiscal.
6. Conducta ante agencias gubernamentales.
7. Consejos en relación con la comisión de delitos.
8. Actos impropios de los clientes.
§ 1. Criterio general.

Los miembros de la profesión legal, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de velar por que los distintos procesos legales de la sociedad incorporen y consagren de manera efectiva y adecuada los principios de vida democrática y de respeto a la inviolable dignidad del ser humano. Para desempeñar esta responsabilidad la sociedad debe tener a su alcance todos aquellos servicios profesionales adecuados, de naturaleza legal, que sean necesarios. También es menester que todo abogado, como ciudadano y en su capacidad profesional, ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter, actúe siempre de acuerdo al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones.