INTERES JURÍDICO DE INGENIERIA LEGAL
SAN CARLOS POR EL TITULO DE ESTA REVISTA LOCALIZADA EN GUAYMAS SONORA PARA INVESTIGACION JURÍDICA
EN ALTRUISMO , CONCILIACION Y HASTA
LITIGIOS EN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
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Ni siquiera se ha definido si pertenecen a la Federación, al municipio o al estado
“Va para largo”, el conflicto de los accesos a playa en Acapulco: Protur
El director de Protur, Alfonso Guillén Quevedo, afirmó que “va para largo” resolver por la vía jurídica el conflicto por los accesos de playa en el puerto de Acapulco porque no se ha definido si pertenecen a la Federación, al gobierno estatal, o al municipal “hay una falta de observación para el establecimiento legal de los accesos a playa”.
Entrevistado luego de su fallida comparecencia en el Congreso local, agregó que “ahora que los diputados perciben que los accesos no son debidamente atendidos, profundizan un poco más que el resto de la ciudadanía y detectan que hay irregularidades en su constitución, pero si nadie las contraviene no salen a la luz pública”.
Reconoció que se busca darle un orden legal y técnico para buscar un recurso que permita hacer una inversión importante para contar con accesos tipo con una fisonomía con cierta uniformidad, con una placa relativa a un lugar o evento de Acapulco que no existe en ningún otro lugar del país.
Consideró que el otorgamiento del uso, como el de Punta Diamante, se dio hace 11 años “la mejor manera por falta de recursos para realizar los accesos a playa quizá fue que concesionar una porción de terreno colindante con los accesos permitiría que la empresa construyera los accesos que el municipio no podía construir”.
El titular de Protur mencionó que sólo uno de los 70 accesos se encuentra legalmente constituido “hay 69 que son de uso y de costumbre, aunque ninguno de ellos ha sido controvertido ni por el propietario, ni por ninguna autoridad porque la ciudadanía los usa libremente”.
Consideró que la multiplicidad de concurrencias “provocó que ninguna instancia asuma la responsabilidad, y por eso el convenio que se propone podría ir en ese sentido, si va a corresponder a la Federación pues que lo haga, pero se tienen que delimitar las competencias de cada uno, en este caso del gobierno federal, estatal o municipal, para saber qué le toca hacer a cada uno”.
Por su parte Manuel Malváez, Secretario de Desarrollo Urbano del ayuntamiento capitalino, destacó que es alarmante la invasión de los accesos tomando en cuenta que Acapulco vive del turismo “ si no tenemos condiciones de acceso que sirvan de infraestructura para el turismo a las playas, y si no hay solución puede empeorar, como es el caso de Revolcadero”.
Descartó la posibilidad de desalojo de los accesos a la playa; “nosotros no sancionamos, corresponde a otras instancias hacerlo; llega uno a un restaurante y no extraña que está sobre la vía pública, pero no está constituido como tal, por ejemplo para la Secretaría de Desarrollo Urbano, la colonia Bonfil no existe, debido a que no tenemos planos legalmente integrados, y todo eso redunda en el vacío de autoridad”.
Entre tanto el delegado de la Semarnat, Roberto Velasco, manifestó que la situación de los accesos de playa se presenta prácticamente en todo el litoral del Pacífico mexicano “ya dijimos que de los 92 kilómetros de costa que tiene Acapulco, la mayoría son acantilados, pensamos que se tiene que convocar a los tres niveles de gobierno, y la población usuaria de la zona federal”.
“Es el modelo de uso de la zona costera el que ha derivado en la situación actual, por eso se tiene que cambiar el modelo de uso, para que la sustentabilidad del área sea mayor tiempo y se cuente con mayores condiciones” agregó.
Dijo que Semarnat genera el programa maestro para el ordenamiento de la zona federal marítimo terrestre de Acapulco, que tiene siete componentes, entre ellos el Sistema de Información Geográfica que va a establecer cuántos ocupantes hay, cuánto ocupan y qué usos se tienen.
También se tienen los componentes de Infraestructura; el de Saneamiento Integral; el de Descentralización de la zona federal a favor del ayuntamiento y del estado; el del Programa de Reordenamiento Ecológico Territorial; el de Reordenamiento de Playas, y el de Fortalecimiento institucional
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